Margarita López Maya
Historiadora, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela (1996). Profesora titular del Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes) de la misma universidad e investigadora nivel IV del Programa de Promoción al Investigador de Fonacit (Venezuela). Fue directora de la Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales entre 1999 y 2004. Su campo de investigación y docencia es el proceso sociohistórico y sociopolítico contemporáneo de Venezuela, concentrándose en años recientes en el estudio de la protesta popular, los nuevos partidos y actores sociales, y temas de coyuntura política. Ha recibido diversos premios académicos, publicado varios libros, numerosos capítulos en libros latinoamericanos y nacionales, y más de 60 artículos en revistas académicas. Conferencista en múltiples universidades nacionales e internacionales, ha sido profesora invitada del Kellogg Institute de la Universidad de Notre Dame, Andrés Bello Fellow del St. Antony´s College de la Universidad de Oxford, y Edward Larocque Tinker Professor de la Universidad de Columbia. Entre sus publicaciones destacan: El Banco de los Trabajadores de Venezuela ¿Algo más que un banco? (UCV, 1989), Estados Unidos en Venezuela: 1945-1948 (revelaciones de los archivos estadounidenses) (UCV, 1996), Lucha popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años de ajuste, editora (Nueva Sociedad, 1999), “Hugo Chávez Frías: su movimiento y presidencia” en Steve Ellner y Daniel Hellinger, La política venezolana en la era de Chávez. Clases, polarización y conflicto (Nueva Sociedad, 2003) y Del viernes negro al refrendo revocatorio (Caracas, Alfadil, 2005). Caracas-Venezuela. malopez@reacciun.ve
Resumen
En esta presentación se plantean ciertos aspectos de la acción gubernamental venezolana actual en el campo del desarrollo económico, a la luz de su intención de constituir una “alternativa al modelo neoliberal”. El proceso de “democracia participativa y protagónica” que se vive en Venezuela desde 1998 ha implicado en las esferas política y social claros cambios institucionales. Sin embargo, el potencial de cambio de las orientaciones económicas ha sido menos claro, en especial durante los primeros años del gobierno bolivariano. Aquí se revisan contenidos de la Constitución vigente y aspectos de la política petrolera, industrial y de democratización de los medios de producción, buscando una primera aproximación a este importante tema.
Esta presentación tiene como objetivo plantear ciertos aspectos de la experiencia venezolana que se relacionan con su concepción del desarrollo económico. Estos aspectos pueden servir de puntos de referencia para el debate sobre la construcción de una propuesta contrahegemónica con miras a un mejor mundo. Ya con siete años de desarrollo, con muchos episodios y procesos iniciados y avanzando, el proyecto bolivariano puede aportar luces sobre dificultades, contradicciones, temas importantes y temas que lo son menos.
Vale aclarar que la propuesta bolivariana, que se desenvuelve en Venezuela desde 1999, es un proceso lleno de tensiones, contradicciones y debilidades. Lejos de mí está insinuar que sea un modelo ideal, o que esté discurriendo de manera progresiva hacia un resultado cada vez mejor, en términos de profundización de la igualdad social y la democracia. El bolivarianismo “realmente existente”, como podemos llamar a este proyecto sociopolítico, es como la vida: algo bastante complicado, con aspectos claros y oscuros, y no se corresponde en algunas dimensiones con lo que nos gustaría que fuese. Pero, sin duda, ha traído y puesto en práctica un conjunto de iniciativas, que aportan en la dirección de una propuesta contrahegemónica al modelo neoliberal y sus políticas aplicadas a América Latina en las últimas tres décadas.
La propuesta bolivariana, también es necesario enfatizar, no fue ni es un proyecto acabado con claras orientaciones hacia el futuro. La alianza de fuerzas que lo respalda: organizaciones políticas de vocación popular a medio hacer, militares retirados y también las FFAA, y organizaciones populares, accedieron al gobierno nacional en 1999 más con una idea de lo que no querían que con claridad sobre qué iban a hacer. Rechazaban la retracción del Estado de sus obligaciones sociales, la privatización de los recursos estratégicos, el debilitamiento de la soberanía nacional, en algunos grupos la democracia representativa, y la corrupción. Pese a su poca claridad inicial, los primeros pasos del gobierno, expresados en el proceso constituyente y la Constitución de 1999, apuntaron a líneas de acción estratégicas que desde entonces han orientado la acción de gobierno. Éstas han proporcionado frutos interesantes. Por otra parte, la lucha hegemónica librada en Venezuela también desde 1999, que, como es sabido, ha sido intensa, polarizada y con episodios violentos, ha sido también factor crucial en la paulatina fortaleza que ha adquirido la alianza política bolivariana, así como la clarificación y/o rectificación de algunos aspectos del proyecto. A continuación, me referiré grosso modo a cómo percibo la concepción del desarrollo económico de este proyecto, y argumento cómo esa concepción está orgánicamente vinculada a la concepción del Estado y de lo social.
La concepción económica: La vuelta al Estado nacional y a una industrialización desde adentro
El gobierno del presidente Chávez cuando llega al poder mantiene en su primer año los compromisos con el Fondo Monetario Internacional que había adquirido el gobierno de Rafael Caldera (1994-1999), concentrándose en los primeros meses fundamentalmente en dos acciones (ver López Maya, 2006). Por una parte, inicia el proceso constituyente y, por otra, busca implementar cambios significativos en la política petrolera. La elaboración de una nueva Constitución a lo largo de 1999 fue un proceso muy importante para los cambios de todo tipo, incluso los económicos, que se han producido en la sociedad venezolana desde entonces. La Constitución de 1999 le dio una primera concreción al proyecto bolivariano, y el proceso de su elaboración a través de una asamblea constituyente abrió un escenario no sólo de organización y movilización popular, sino también general, pues otros sectores de la sociedad no necesariamente vinculados a los intereses populares también se organizaron y movilizaron. En términos de la economía, lo significativo de la nueva Constitución fue la reafirmación que hizo de principios y enunciados que estaban en la Constitución de 1961. La Constitución bolivariana no eliminó sino que dejó intacto el rol regulador del Estado en la vida económica del país –que estuvo vigente a lo largo del modelo de sustitución de importaciones–, reafirmó la propiedad nacional de los recursos y bienes estratégicos, en especial, de los hidrocarburos, pero también, por ejemplo, del agua. Reconoció la propiedad privada y las libertades económicas, pero al mismo tiempo reafirmó la responsabilidad del Estado para regularlas preservando el interés general. Al igual que la Constitución de 1961 estableció la responsabilidad del Estado para el fomento del desarrollo de la industria nacional, sea ella pública o privada, reafirmó su facultad para elaborar políticas comerciales y regular todos los aspectos de la esfera económica incluyendo también el desarrollo agrícola. Como novedad, reconoce la nueva Constitución formas de propiedad privada distintas a la individual, como la colectiva de las comunidades indígenas. También otorga a los trabajadores y las comunidades el derecho a desarrollar asociaciones de carácter social y participativo dedicadas a cualquier tipo de actividad económica, orientadas a mejorar la economía popular y alternativa. La Constitución establece que el Estado promoverá y protegerá este tipo de asociaciones (art. 118). Como ven, no es demasiado distinta a la Constitución de 1961, pero sí es distinta al sentido común o a la cultura individualista y antiestatista que había predominado en el debate público y político en los lustros previos.
En este sentido, la propuesta bolivariana anunció una voluntad política comprometida con la reconstrucción del Estado nacional. Esta perspectiva parece corroborar una propuesta teórica de Boaventura De Sousa Santos (2003), quien percibe al Estado como un lugar desde donde se puede avanzar en las luchas de los pueblos y movimientos contra el capitalismo neoliberal. Para De Sousa, igual que para Aníbal Quijano, modernidad y capitalismo no son iguales, la modernidad tiene un componente emancipatorio que impulsa la igualdad y la integración social, lo que entra en contradicción con la modernización capitalista que busca la integración social a través de la exclusión y la desigualdad. Para De Sousa Santos esa tensión se hace irresoluble en el capitalismo neoliberal y señala que el Estado capitalista, luego de las revoluciones socialistas y el establecimiento de Estados socialistas, acogió interdependencias no mercantiles en su seno como manera de resolver esta contradicción. Estas interdependencias ubicadas en las políticas sociales y en regulaciones económicas, que dieron forma al Estado de Bienestar Social, permiten avances de igualdad e integración social, aspectos que son cruciales para sostener el carácter emancipatorio de la modernidad. Por ello, sostiene, la reconstrucción del Estado de Bienestar, o del Estado Desarrollista hoy, es una estrategia de resistencia, pues permite comenzar a revertir las devastadoras consecuencias del capitalismo neoliberal, que ha excluido y vejado a millones de seres humanos. De Sousa sostiene que es solamente un primer paso, pues el Estado es problemático en su concepción actual. Sin embargo, eliminarlo es peor. Hay que reconstruirlo o construirlo, pero también hay que reinventarlo para usarlo como un arma de lucha para la igualdad y la emancipación.
En esta misma línea de pensamiento, la experiencia venezolana pareciera no sólo volver sobre sus pasos y buscar reconstruir el Estado nacional –o desarrollista–, expandiendo las interdependencias no mercantiles para favorecer la igualdad y la integración social de vastas mayorías excluidas por el capitalismo, sino también pareciera volver a reeditar el modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), introduciendo ajustes que buscan superar algunas de las fallas que ésta tuvo, y que fueron señalados como estructurales en su momento (Sunkel y Paz, 1970). En esta especie de recapitulación del siglo xx latinoamericano, al cual nuestras sociedades se han visto compelidas debido a los efectos devastadores del neoliberalismo, pareciera quedar ahora claro que ese modelo fue enterrado en los años 70 más por el predominio de una relación de fuerzas sociopolíticas en el escenario mundial que por sus llamadas fallas estructurales. La emergente hegemonía liberal, en vez de buscar corregirlo, lo desechó y desmanteló para reconfigurar las economías según los dictámenes de la receta del capital financiero hegemónico en el último cuarto del siglo. En Venezuela, el Estado de nuevo invierte en la búsqueda de una industrialización que pueda abastecer el mercado nacional. Hay sin embargo importantes diferencias, que subrayo para con ello cerrar esta parte.
Primero, la idea de la democracia “participativa y protagónica” en vez de la democracia representativa. Se entiende por aquélla una concepción sustantiva de la democracia, donde se combinan formas de participación representativa y directa en lo político, con diversas modalidades de participación individual y comunitaria en diversos ámbitos de la vida social. No sólo se trata de participación política, sino también en la esfera social y económica. En el anterior modelo de ISI el Estado proveía los servicios básicos de educación, salud, empleo, etc., en el entendido de que estas condiciones darían impulso a la condición de ciudadanía y por tanto a la inclusión. En este nuevo modelo el énfasis es totalmente opuesto, al menos en términos teóricos, pues es la participación de los ciudadanos y comunidades, en particular la participación de los excluidos, más que la acción del Estado, el eje clave para superar el problema de la exclusión o la condición de no ciudadano. Según el proyecto bolivariano, la exclusión es un problema estructural, existen vastos sectores de la población que están excluidos social, cultural y económicamente desde los tiempos coloniales. Y es éste el principal obstáculo para alcanzar el desarrollo y/o la democracia (ver las Líneas Generales del Desarrollo Social y Económico de la Nación 2001-2007). Para superar esta situación, es clave la acción de los mismos afectados, que serán responsables principales de encontrar las formas de trabajar para comenzar a solventar sus problemas. El Estado, según esta óptica, es corresponsable con estos sectores, y los acompaña promoviendo un equilibrio social a través de su acción planificadora. El Estado crea condiciones para el empoderamiento de las comunidades. El equilibrio social orienta la acción del Estado, según el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2001-2007, de acuerdo a tres ejes: la democratización de la propiedad y de los medios de producción, a través de la reforma agraria y urbana, así como con políticas de impulso a la economía social; la democratización en el acceso a los derechos sociales a través de políticas de educación, salud, empleo, vivienda, todas las cuales exigen modalidades de organización popular y participación; y la apertura de todo tipo de canales sociales y políticos de participación que garanticen el derecho a la organización colectiva, movilización y otros tipos de participación directa en la gestión pública (referendos, consejos locales de participación, comités, asociaciones comunitarias, etc.).
Otro ingrediente novedoso de esta propuesta de desarrollo, que la diferencia del modelo de ISI del pasado, es el énfasis puesto actualmente por el gobierno venezolano en torno a la integración de los países latinoamericanos. En efecto, uno de los problemas más señalados por los analistas sobre las fallas del modelo industrialista anterior fue su incapacidad de ampliar el mercado interno para encontrarle colocación a los bienes producidos. Las políticas de inclusión social actuales, arriba señaladas, tienen como efecto, además de un innegable ensanchamiento de la condición ciudadana, la posibilidad de proveer a más venezolanos de recursos económicos y sociales con que acceder al mercado de bienes y servicios. A ello se añaden las estrategias de integración de Venezuela con el Sur, iniciadas con la aproximación del país a Mercosur y con los convenios energéticos firmados recientemente con países de esa región del Caribe. La integración latinoamericana desde una visión integral y no estrictamente comercial, como la propuesta por el actual gobierno venezolano, amplía aún más el potencial mercado para una industrialización desde adentro, pues facilitaría la conformación creciente de una masa de consumistas para una industria localizada en la región y dirigida a las necesidades de ésta. Otro aspecto a revisar serían los pasos que se vienen adelantando en materia de ciencia e innovación tecnológica, dirigidos también a la producción de conocimiento autónomo, ajustado a los saberes y demandas de esta parte del mundo, que de adelantarse también aliviaría la dependencia tecnológica que caracterizó al modelo de ISI.
La política petrolera: El nuevo rol de Pdvsa
El segundo componente al que quiero hacer mención en la concepción de lo económico tiene que ver con el rol de la compañía estatal petrolera venezolana, Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Cuando se desarrolló el modelo de ISI la industria petrolera estaba en manos de corporaciones transnacionales. La relación del Estado con ellas fue de buscar constantemente extraer de las corporaciones la mayor cantidad de renta posible. Fue muy exitoso en esto (ver Mommer, 2002). Con esa renta el Estado dio impulso a la industrialización a través de créditos blandos, infraestructura, servicios sociales, entre otros recursos. Las compañías petroleras también aportaron al proceso de modernización de la sociedad, pero de manera complementaria y/o residual, alguna carretera, alguna escuela, etc. Una vez que el Estado venezolano nacionalizó en 1976 la industria, no se planteó un cambio en su relación con la compañía de la que ahora era dueño. Continuó actuando como un Estado rentista, extrayendo renta. Por su parte, los ejecutivos de Pdvsa continuaron manejando la compañía como si fuera una corporación privada, los más altos gerentes, como si ellos fueran dueños de la empresa. Todos sabíamos ya en los años 80 que la renta petrolera no podía sostener indefinidamente el crecimiento económico, así que la sociedad entró prontamente después en un proceso de declive y desorientación económica, y se comenzaron a vivir las distorsiones de una empresa rica y poderosa desconectada de la nación, que se empobrecía día a día, y articulada a la globalización con la lógica de una transnacional privada.
En contraste con esa situación, la política petrolera actual, expresada en la Constitución y en la Ley de Hidrocarburos de 2001, si bien continúa teniendo la idea de que la renta juega un papel en la economía venezolana, proporcionando un ingreso fiscal que el Estado distribuye a la sociedad en bienes y servicios, ha cambiado el rol a jugar por la empresa petrolera. El gobierno de Chávez ha buscado convertir a la compañía en un motor para el crecimiento económico a través de una estrategia múltiple: como incentivador de la producción de bienes y servicios y, como tal, como un impulsor de la creación de puestos de trabajo y un apoyo para la expansión del mercado interno. También, entre otras estrategias, como el centro de un tejido industrial que se complementa entre sí. Las “ruedas de negocios”, por ejemplo, donde Pdvsa, así como también otras empresas y agencias del Estado, saca a licitación sus necesidades de bienes y servicios para ser satisfechos por empresarios y cooperativas; el impulso al “compre venezolano”, el apoyo material y logístico que hace Pdvsa a ciertas misiones sociales como la Misión Ribas, las estrategias de cooperación entre Pdvsa y la CVG, el impulso a la innovación científica y tecnológica, son algunos ejemplos de cómo el gobierno se ha venido esforzando por articular a Pdvsa a un proceso de industrialización nacional, que incluye también una industria petrolera aguas abajo.
Estos desarrollos de Pdvsa eran poco visibles durante los primeros años del gobierno de Chávez. Se manifestaron con fuerza después del paro-sabotaje petrolero, ya que con el despido de la gerencia mayor de la industria, el Estado pudo acelerar los pasos conducentes a la reforma petrolera, produciéndose una convergencia a partir de entonces entre la política petrolera del Estado y políticas de la industria hacia la sociedad venezolana. La movilización popular en defensa de la industria durante el paro también fue un ingrediente que materializó estas estrategias, pues, una vez superada la contingencia, estos grupos demandaron una vinculación de la industria con el pueblo. Estado, Pdvsa y sectores populares organizados tienen ahora intereses comunes y se entiende hoy que la industria debe comportarse de acuerdo con una racionalidad nacional y pública.
Habría otros aspectos que señalar y analizar, como modalidades productivas que el gobierno de Chávez viene ensayando, como el caso de los núcleos de desarrollo endógeno, o la política de impulso a cooperativas como estrategia complementaria y facilitadora de empleo, el sistema de microfinanzas que se ha creado para sostener a las microempresas, pero por la falta de tiempo no será posible. Sin embargo, estos dos puntos, cuya lógica he intentado exponer, permiten tener una aproximación general a una estrategia concreta de búsqueda de salidas a la economía predominante en esta fase de capitalismo neoliberal. Con ello creo que se puede abrir una discusión interesante sobre la viabilidad de un proceso industrialista en tiempos de una economía globalizada, como propuesta que alimente la construcción de una alternativa al capitalismo neoliberal.
Bibliografía
1. De Sousa Santos, Boaventura (2003): La caída del Angelus Novus: Ensayos para una nueva teoría social y práctica política, Bogotá, ILSA-UNAC. [ Links ]
2. Líneas Generales del Desarrollo Social y Económico de la Nación 2001-2007 (2001): Caracas, bajado de Internet en septiembre www.mpd.gov.ve/ pdeysn/pdesn.pdf. [ Links ]
3. López Maya, Margarita (2005): Del viernes negro al referendo revocatorio, Caracas, Alfadil. [ Links ]
4. Mommer, Bernard (2002): “Petróleo subversivo” en Luis E. Lander, Poder y petróleo en Venezuela, Caracas, UCV-Pdvsa. [ Links ]
5. Sunkel, Oswaldo y Paz, Pedro. (1970): El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo. Santiago de Chile, Siglo XXI. [ Links ]
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