SEGUNDA PRESIDENCIA DE CARLOS ANDRÉS PÉREZ (1989-1993)

    "La segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez comenzó con un acto de toma de posesión en el Teatro Teresa Carreño el 2 de febrero de 1989, y no en el Capitolio Federal, como había sido costumbre. Así ocurrió porque el número de invitados internacionales sobrepasaba la capacidad del viejo Capitolio. Esto, además, señalaba que las relaciones internacionales de Pérez, lejos de disminuir desde que concluyó su primer mandato, habían crecido notablemente. Sin embargo, mucho se dijo entonces que la fiesta de asunción del cargo por parte de Pérez contrastaba con la situación del país, que sobrevivía con dificultad con los precios del petróleo deprimidos.

    Cambio del modelo económico

    El 16 de febrero el gobierno en alocución pública estableció las coordenadas del nuevo modelo económico que imperaría en el país, sustituyendo el que contaba con años de vigencia, el de Industrialización por Sustitución de Importaciones. Para quienes no habían leído el Plan de Gobierno presentado por Pérez en la campaña, es decir la inmensa mayoría de los venezolanos, el llamado «Paquete Económico» fue una sorpresa. Sobre todo para aquellos que votaron por Pérez creyendo que «por arte de magia» volverían las «vacas gordas» de su primer mandato.

    El cambio en el modelo económico era sustancial. Si antes las tasas de interés las fijaba el Banco Central de Venezuela, ahora serían liberadas para que las determinara el mercado. Si antes el Estado era el gran empresario, constructor y comerciante diverso, ahora se privatizarían todas aquellas empresas de servicios públicos que pudieran estar en manos privadas prestando un servicio más eficiente. Si antes se subsidiaba la gasolina, ahora se incrementaría su precio, con miras a llegar a un precio internacional. Si antes el Estado subsidiaba a la industria privada, cubriendo los márgenes que por diversas razones esta no podía alcanzar, ahora se eliminarían los subsidios. Si antes se protegía a la industria nacional fijando aranceles muy altos a los productos importados, ahora se eliminarían los aranceles y se abrirían totalmente los mercados, con ello se obligaba a las empresas venezolanas a competir en igualdad de condiciones con las foráneas que quisieran establecerse aquí, o traer sus productos desde fuera.

    El conjunto de medidas económicas diseñaba el cuadro de una economía liberal ortodoxa, en perfecta conjunción con las medidas que el Fondo Monetario Internacional (FMI) solicitaba de los países que acudían ante sus taquillas para solicitar un préstamo, y esa era la situación de Venezuela, ya que durante el gobierno anterior se habían agotado las Reservas Internacionales, y para poder intentar un modelo de economía de mercado, era necesario disponer de un número más elevado de reservas, que permitieran el libre juego de la economía. No obstante y la lógica de estos planteamientos, lo cierto es que Pérez había afirmado durante su campaña que no acudiría ante el FMI, mientras el diseño del Paquete Económico indicaba todo lo contrario, cosa que decepcionó muy rápido a los electores que habían oído sus discursos de campaña, pero no habían leído el Programa de Gobierno.

    En el fondo, lo que buscaba el cambio de modelo económico era una revolución en el papel del Estado en la dinámica económica, pasando la iniciativa a la esfera privadla, dado que los precios del petróleo habían bajado notablemente, y era imposible que el Estado cumpliera con su rol paternalista, cuando no disponía de los recursos para ello. Una vez más, Venezuela se veía obligada a cambiar de rumbo en razón de la dinámica de los precios del petróleo. Además, la modificación se inscribía dentro de un cambio general en el planeta, ya que ese mismo año el socialismo real desaparecía, con la caída del Muro de Berlín, y la convicción de que el socialismo era incapaz de generar riqueza era generalizada, y prácticamente unánime. De tal modo que muchos países del mundo pasaron a desmontar sus sistemas estatistas. Venezuela no fue la excepción.

    El estallido social de 1989: «El Caracazo»

    La medida que tocó más sensiblemente el bolsillo de la gente de manera inmediata fue el aumento del precio de la gasolina, que incidió de inmediato en el costo del pasaje del transporte colectivo. En Guarenas-Guatire se produjeron las primeras protestas en la mañana del 27 de febrero, pero muy pronto se extendieron a toda Caracas y a otras ciudades del país. Ya en la tarde los saqueos de comercios habían comenzado, y la televisión retransmitía las escenas de vandalismo y violencia, en la noche la situación ya era de emergencia nacional, por lo que el gobierno le solicitó a las Fuerzas Armadas que restablecieran el orden. Luego se suspendieron las garantías constitucionales, se declaró el toque de queda, y el Ejército y la Guardia Nacional reprimieron duramente a los saqueadores, con un resultado lamentable de centenares de muertos, muchos de ellos inocentes que no participaban de los actos vandálicos.

    Nunca antes se había vivido en el país una situación como esta, que además comprometía los planes de un gobierno que estaba comenzando. Mucho se ha especulado acerca de si se trató de un estallido espontáneo o de algo inducido a partir de un plan. Algunos militantes de la izquierda radical de aquellos años se han atribuido el origen del estallido, pero los hechos indican que la espontaneidad también estuvo presente. Quizás, como suele suceder, fue una combinación de espontaneidad con mínima planificación. En cualquier caso, el resultado fue el mismo: una gran revuelta social, que colocó al gobierno en una posición muy difícil para implementar un nuevo modelo económico, que para hacerlo se necesitaban grandes sacrificios de la población.

    Pocas semanas después de estos hechos, comenzaron a surgir denuncias graves de corrupción en relación con la administración anterior y Recadi, así como con el manejo de la partida secreta para fines distintos a los establecidos. Fue el caso de la compra de una cuadrilla de vehículos rústicos para ser entregados a AD para fines electorales. El 20 de noviembre un tribunal dictó un auto de detención al expresidente Lusinchi por el caso sustanciado en Recadi. El caso, a todas luces, incrementaba las diferencias entre un sector de AD cercano a Lusinchi y otro próximo a Pérez. Además, profundizaba aún más en la conciencia colectiva la idea de que la corrupción era un cáncer incontrolable." ( Rafael Arráiz  Lucca  Venezuela:  1830 a nuestros días )

UNA  OBJETIVA APROXIMACION 

"La rebelión popular del 27 de febrero de 1989 fue una protesta masiva y violenta ejercida por una sociedad que no contaba con canales idóneos para hacerse escuchar y ser atendida por las instancias de poder. Cuando fue a exteriorizar su malestar contra la primera manifestación concreta del paquete macroeconómico, el aumento de las tarifas del transporte colectivo, se encontró en un espacio público sin controles. Las multitudes se volcaron entonces hacia los comercios, como siempre lo habían hecho en el pasado al producirse un vacío de autoridad. Sin embargo, no se dirigieron a las casas de los políticos caídos, porque no había tales. De haberse producido un golpe de Estado en estas inciertas horas, seguramente hacia allá también se hubiesen enfilado.

 

Las Fuerzas Armadas, representadas en el ministro de la Defensa y el Alto Mando permanecieron fieles al régimen de Pérez, permitiéndole su supervivencia.

La extremada disrupción de la vida cotidiana en las urbes venezolanas, producida durante el Caracazo o Sacudón, pudo ser motivada por un complejo de factores entre los cuales la traición a una economía moral pudo ser uno de sus componentes clave. Sin embargo, fue la debilidad de las instituciones diseñadas en el pasado para contener y regular el orden político y la vida cotidiana lo que explica la extensión, duración y violencia de la protesta. Si los actores políticos y los sindicatos hubieran estado a tono con sus bases, hubieran podido prever las dificultades que surgirían del anuncio del paquete. Aunque es altamente improbable que actor alguno pudiera predecir la magnitud de la ira popular que se estaba acumulando, partidos o sindicatos sanos hubiesen estado elaborando estrategias para oponerse y/ o negociar con el Gobierno la manera en que se aplicarían estas medidas.  Esto,  a  su  turno,  le  hubiese  dado  a  la  gente  algunos  canales  de contención a su malestar, o alguna esperanza de alterar los dramáticos efectos que esperaban. Pero, por el contrario, las instituciones de mediación estaban demasiado erosionadas para poder actuar.

Igualmente, las instituciones gubernamentales mostraron todo tipo de debilidades. Si al comenzar la protesta los funcionarios correspondientes hubieran ejercido su autoridad para hacer que los sindicatos del transporte cumplieran con los compromisos que habían contraído unos días antes; o si la policía hubi era intervenido tempranamente para controlar las manifestaciones de protesta violenta antes de que se propagaran, posiblemente no se hubiese llegado a la extensión e intensidad que se desarrolló. El Gobierno tampoco hizo uso de los procedimientos institucionales de llegar a acuerdos con los diversos grupos de interés afectados por las medidas. No parece que evaluó las implicaciones que un plan de ajustes podía hacer temer a una población empobrecida que llevaba una década de recesión económica y  frustración sociopolítica. La democracia venezolana se mostró tan carente de características democráticas, y las instituciones que regulan la vida cotidiana tan escasas de consistencia, que sólo una acción firme, rápida y profunda de cambios político-institucionales podría haber evitado el proceso de deslegitimación política que se desencadenó a partir de entonces, y que unos años más tarde llevará a la sociedad a su crisis y transformación política."

Del Viernes Negro al Referendo Revocatorio  Margarita López Maya, 2006

Muertos: 276 (oficial)

Más de 3000 (extraoficial)

    La descentralización política y administrativa

   " El 3 de diciembre de 1989 tuvieron lugar las elecciones directas de gobernadores, alcaldes y concejales. Se daba entonces el paso democrático más importante desde los tiempos de la firma del Pacto de Puntofijo, ya que la elección directa de las autoridades locales era lo mínimo que podía aspirarse en un sistema democrático. A partir de esta fecha el cuadro político venezolano comenzó a cambiar. AD obtuvo el 39,37 por ciento de los votos en la elección de gobernadores, Copei el 32,85 por ciento, el MAS el 17,69 por ciento y la Causa R el 2,62 por ciento, con lo que quedaba claro que habían liderazgos regionales que el elector reconocía. En Aragua comenzó a gobernar Carlos Tablante (MAS); en Bolívar, Andrés Velásquez (La Causa R); en Carabobo, Henrique Salas Römer (Copei e independientes); en el Zulia, Oswaldo Álvarez Paz (Copei); en la Alcaldía de Caracas, Claudio Fermín (AD), casi todos ellos, en el futuro, candidatos presidenciales. Se trasladaba el liderazgo de las cúpulas de los partidos políticos al desempeño administrativo en las gobernaciones. Este cambio fue un golpe mortal para los organismos centrales de los partidos políticos, ya que la fuente del poder se trasladó de estas cúpulas a los electores, y los líderes comenzaron a rendirle cuentas a sus bases. Este paso, que no se ha valorado suficientemente, suponía un cambio de conducta y de estrategia de los partidos políticos establecidos, pero esto no se dio en la magnitud requerida, y seguramente fue una de las causas que trajo como consecuencia la decadencia del sistema bipartidista.

    Por otra parte, la inflación en 1989, año de severos ajustes económicos, alcanzó la cifra de 80,7 por ciento, mientras las Reservas Internacionales subían. En 1990 los resultados electorales trajeron una crisis en AD, ya que muchas gobernaciones y alcaldías pasaron a manos de Copei, el MAS, y la Causa R, cosa que arreció el pleito interno entre los seguidores de Pérez y su programa económico liberal, de acuerdo con las pautas dictadas para el logro de una economía ortodoxa, por parte del FMI y el Banco Mundial, y el sector adverso que se resistía a los cambios.

    Para el año 1990 comenzaron a verse los primeros resultados al crecer la economía en 5,3 por ciento, bajar la inflación a 40,7 por ciento y ascender las Reservas Internacionales a 11 700 000 millones de dólares. Además, el ministro de Cordiplan, Miguel Rodríguez, anunció una reducción de la deuda externa del 20 por ciento, con una disminución del 50 por ciento en el pago de intereses. Al año siguiente la economía creció en 9,2 por ciento y se inició el proceso de privatizaciones de empresas del Estado que prestaban servicios públicos, fue el caso de Cantv y Viasa, que al ser compradas por consorcios extranjeros en asociación con empresas venezolanas, trajeron un ingreso extraordinario al fisco nacional.

    A la par de este proceso económico otro político venía avanzando. No solo las relaciones entre AD y el gobierno eran sumamente débiles, sino que los ajustes económicos fueron notablemente severos para los estamentos sociales más pobres, que se sintieron desasistidos, creándose allí un vacío político. Además, un conjunto de venezolanos, presididos por Arturo Uslar Pietri, a quien la prensa llamaba «Los Notables» pedía reformas en la conformación de la Corte Suprema de Justicia, se quejaban del cuadro de la corrupción administrativa, y enfrentaban a las políticas del gobierno. Este grupo, junto con el desprestigio creciente de los partidos políticos, fue horadando la base de sustentación del gobierno de Pérez y, sin proponérselo, fue animando a un conjunto de conjurados militares que venían conspirando desde hace años dentro de las Fuerzas Armadas, a intentar un golpe de Estado. En diciembre de 1991 Uslar Pietri declaró en entrevista en El Nacional que no le extrañaba que ello ocurriera." 

 ( Rafael Arráiz  Lucca  Venezuela:  1830 a nuestros días )

Primer mensaje de Carlos Andrés Pérez por Venevisión (intento de golpe de estado 4/2/1992)

    Las intentonas militares de 1992

    La noche del 3 de febrero en que el presidente Pérez regresaba de Davos, en Suiza, fue el día escogido por los conjurados para la insurrección militar. Comandada por tenientes coroneles, e integrada por mayores, capitanes, tenientes y tropa, se alzaron en los cuarteles de Maracay, Maracaibo y Valencia. Al teniente coronel Hugo Chávez, a quien le correspondía tomar el Palacio de Miraflores, después de haber tomado el cuartel de La Planicie, no le fue posible hacerlo. Fue entonces cuando por televisión, en la mañana del 4 de febrero, llamó a sus compañeros de armas a entregarse, señalando que «Por ahora» no se habían logrado los objetivos. Se entregaron Francisco Arias Cárdenas, Jesús Urdaneta Hernández, Joel Acosta Chirinos, Jesús Miguel Ortiz, todos ellos integrantes del comando de conjurados. El intento había fracasado, pero el país asistía atónito a un hecho que pensaba había quedado en el pasado: el golpe de Estado y, también, había observado con estupor y hasta con admiración a un hombre que se hacía responsable por su fracaso, cosa infrecuente en la vida pública venezolana de entonces.

    Una vez sofocada la rebelión se reúne el Congreso Nacional para debatir sobre los hechos, en la mañana del 4 de febrero, y pide la palabra el senador vitalicio Rafael Caldera. Entonces condenó el intento de llegar al poder por las armas, pero justificó comprensivamente los motivos que llevaron a los insurrectos a ello. A partir de entonces, la candidatura de Caldera para las elecciones de 1993 tomó cuerpo, y muchos dicen que esa mañana ganó las elecciones. En verdad, con olfato político, supo interpretar el sentir de la gente que rechazaba el golpe, pero que quería un cambio de rumbo, y él se ofreció para encarnarlo.

    En entrevista sostenida con el profesor Agustín Blanco Muñoz, publicada en 1998 ( Habla el comandante ), Hugo Chávez señala que comenzaron a conspirar en serio cuando juraron ante el Samán de Güere, el 17 de diciembre de 1982. De modo que les tomó diez años ir ascendiendo dentro de las Fuerzas Armadas, hasta tener mando de tropa y poder ejecutar una acción armada. La existencia de estos conjurados se la advirtió la DIM (Dirección de Inteligencia Militar) al presidente Pérez, pero este la desestimó. Incluso en alguna oportunidad les quitaron mando de tropa ante los indicios, pero al tiempo el ministro de la Defensa de entonces, el general Fernando Ochoa Antich, no halló nuevos indicios conspirativos y les devolvió el mando de tropa. No puede decirse, entonces, que la intentona los tomó completamente por sorpresa.

    Si el gobierno de Pérez tenía problemas, ahora tenía más, a tal punto que el presidente se propuso atemperar la política de ajustes, con base en lo escuchado en el Congreso Nacional, y el apoyo de la calle manifestado a los golpistas. Se creó un Consejo Consultivo, integrado por ilustres venezolanos, presidido por Ramón J. Velásquez, e integrado por Pedro Pablo Aguilar, Ruth de Krivoy, Domingo Maza Zavala, José Melich Orsini, Pedro Palma, Pedro Rincón Gutiérrez y Julio Sosa Rodríguez. Este Consejo hizo sus recomendaciones muy pronto, y muchas de sus propuestas iban a contracorriente de lo que venía haciendo el gobierno. A la vez, Pérez cambió su gabinete, de manera de satisfacer los reclamos e integrar a diversos sectores en la conducción del Estado, buscando con ello un mayor piso político para su debilitado gobierno. Entonces militantes de Copei integraron el gobierno, por algunos meses.

    Por su parte, otro grupo de conjurados militares organizó su revuelta, que se expresó el 27 de noviembre de 1992, pero esta vez involucraba especialmente a la aviación, con lo que los caraqueños tuvimos el triste espectáculo de un bombardeo sobre lugares estratégicos de la capital y, de nuevo, el fracaso de los golpistas. Esta vez comandados por el general Francisco Visconti Osorio y el contralmirante Hernán Grüber Odremán. Cinco días después tuvieron lugar las elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales. AD bajó su votación porcentual (37,81 por ciento), Copei subió (34,33 por ciento), el MAS bajó (12,48 por ciento) y la Causa R duplicó su votación (4,73 por ciento), incluso ganó la Alcaldía de Caracas con Aristóbulo Istúriz, quien desplazó a Claudio Fermín. Entonces repetían los gobernadores Velásquez, Tablante, Salas Römer, Álvarez Paz, entre otros. Paradójicamente, en 1992 la economía venezolana creció cerca del 10 por ciento, pero los beneficios de ese crecimiento no se sentían plenamente en los estamentos más débiles de la sociedad." 

    La separación del cargo

    "El 11 de enero de 1993 el periodista y ex candidato presidencial José Vicente Rangel denuncia ante la Fiscalía General de la República el mal uso de la partida secreta, por un monto cercano a los 250 millones de bolívares, y solicita ante el Fiscal un antejuicio de mérito contra el presidente Pérez. El Fiscal General, Ramón Escovar Salom, el 11 de marzo interpone ante la Corte Suprema de Justicia, cuya composición había cambiado, gracias a las presiones del grupo de «Los Notables», la acusación contra Carlos Andrés Pérez, el ministro de Relaciones Interiores cuando sucedió el hecho, Alejandro Izaguirre, y el ministro de la Secretaría de la Presidencia de la República del mismo momento: Reinaldo Figueredo Planchart. Se les acusa de peculado y malversación de fondos al hacer uso de la partida secreta.

    El 20 de mayo de 1993 se conoció la ponencia solicitada por la Corte Suprema de Justicia al presidente del máximo cuerpo colegiado del Poder Judicial, el magistrado Gonzalo Rodríguez Corro. Entonces se declaró con lugar la solicitud de ante juicio de mérito. Al día siguiente se reunió el Congreso Nacional y autorizó el juicio, separándose a Carlos Andrés Pérez de la Presidencia de la República. A partir de entonces, en razón de que la soberanía reside en el Poder Legislativo, el presidente del Senado, Octavio Lepage, asumió la Presidencia de la República. Sin embargo, el Congreso Nacional nombró el 5 de junio de 1993 al senador Ramón J. Velásquez presidente de la República, para que culminara el período constitucional 1989-1994. Gobernaría entre esta fecha, 3 de junio y el 2 de febrero de 1994. Ocho meses exactos.

    Es evidente que la segunda Presidencia de la República de Pérez fue intensa en cambios políticos (la descentralización) y económicos (el paso de una economía con fuerte presencia del Estado a otra de libre mercado), además de lo imprevisto para la mayoría: la insurgencia de una conjura militar. A esto se suma que nunca antes un presidente en ejercicio había sido separado del cargo con fundamento en el Estado de Derecho, aunque no podemos dejar de señalar que respetadísimos juristas afirman que se cometió un abuso de derecho, tanto en la solicitud de ante juicio de mérito como en la sentencia. Como vemos, la estructura política del país cambió, la democracia de partidos políticos entró en crisis y, como veremos luego, el bipartidismo desapareció. A todo esto se suma la insurgencia de nuevos actores políticos: los jóvenes militares insurrectos, que con el tiempo llegarían al poder por la vía pacífica, después de haberlo buscado por las armas."  ( Rafael Arráiz  Lucca  Venezuela:  1830 a nuestros días )

Destitución de Carlos Andrés Pérez (20/05/1993)

DiFilm - Carlos Andres Perez (1993)